Comunicado
De acuerdo a dirigentes del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), hoy, a las 9:00 de la mañana, miembros del batallón Cobra, Policía Preventiva y guardias de seguridad de la empresa Orión entraron a la finca La Aurora agrediendo a los campesinos asentados en ella por el Instituto Nacional Agrario (INA).
La misma fuente informa que del operativo resultó muerto el campesino Oscar Yovani Ramírez, 17 años, quien fue encontrado sin vida en una camalotera cerca del área donde se escenificó el asalto armado, como si los perpetradores del hecho criminal hubieran intentado ocultar el cuerpo.
Pese a las dudas sobre la imparcialidad de la policía, los dirigentes campesinos siguen esperando a esta hora que se presenten al lugar del hecho para el levantamiento del cuerpo y den inicio a las investigaciones pertinentes.
También han sido capturados los campesinos Jairo Rubén Milla Gutiérrez, Miguel Ángel Ramos Reyes, Jaime Noel Ramos Ramírez, José María García y Oscar Daniel Moreno. De acuerdo a la información ofrecida por el abogado defensor de los campesinos, la policía los acusa de asociación ilícita y portación ilegal de armas.
Enfrentamos la historia de nunca acabar. Sigue el asesinato, la persecución y diferentes agresiones físicas y sicológicas. Cuando las 24 organizaciones campesinas afiliadas a MUCA suscribieron el convenio con el régimen de Porfirio Lobo Sosa entendieron que terminarían las agresiones de la policía y de particulares armados, pero los hechos actuales desdicen tal creencia.
Recordamos que esas 24 organizaciones de MUCA, cumpliendo con el acuerdo, se retiraron de igual número de fincas y se concentraron en cinco (La Lempira, La Confianza, La Aurora, La Concepción y Camarones) mientras se les entregan las restantes hasta completar las 11 mil hectáreas convenidas. Con lo que no queda duda que el incumplimiento viene del régimen de Lobo Sosa.
La pregunta que asalta a cualquiera que se preocupe por la violencia desatada a raíz del conflicto agrario en esa región es ¿A quién acudir?: ¿A la policía? ¿A la fiscalía general de la República?... Todas las gestiones son vanas, sin resultados que no van más allá del pretexto y el discurso burocrático.
Vivimos un estado de ingobernabilidad y, en él, quienes más sufren son los indefensos de siempre, los menos favorecidos en un sistema distinguido por la inequidad y la injusticia. Nos queda apenas la denuncia con la esperanza de que llegue a la conciencia de los hondureños y sea considerada por la opinión internacional organizada y ésta promueva presiones sobre un régimen cuya agenda no va más allá de buscar el reconocimiento del concierto de naciones y de los organismos de financiamiento internacional.
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